El pronunciamiento del organismo conducido por Juan José Dutto responde a una presentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos –APDH- relacionada con un procedimiento en el que “redujeron con violencia y esposaron” a una mujer.

La Defensoría recordó además los desalojos que tuvieron como consecuencia la trágica pérdida de vidas humanas –Rubén Arias en 2001 y Raúl Pilli en 2006-; y las denuncias de operativos violentos en diversos puntos de la ciudad y de la provincia. En Centenario, más de 30 policías participaron de un procedimiento para desalojar a una mujer y su pequeña hija; en Valentina Sur se sacó de una vivienda a una joven pareja y un recién nacido de ocho días, cuando la madre -de 17 años-, se recuperaba de una cesárea. 

La necesidad de protección a las víctimas surge, además, de estudios que demuestran el frecuente desarrollo de patologías psiquiátricas en víctimas de desalojos forzosos. Es por eso que la normativa vigente establece que los procedimientos no se realicen en días de lluvia o de noche, que se informe adecuadamente a las personas que serán desalojadas, y que los responsables del operativo se identifiquen.

La Defensoría subrayó, asimismo, la responsabilidad del Estado no sólo en la protección a las víctimas, sino también en suministrarles medios apropiados para acceder a una vivienda.

La recomendación está dirigida al ministro de Justicia, Trabajo y Seguridad Social de la provincia, César Pérez y al subsecretario de Seguridad, Juan Carlos Lezcano. Informa asimismo al Tribunal Superior de Justicia y a la Legislatura provincial, ya que las normas internas que regulan el procedimiento de desalojo deben adecuarse a los estándares internacionales.