Este mapa fue elaborado tomando como base las presentaciones recibidas en la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, la presentación que estamos haciendo grafica la percepción que tienen los vecinos sobre los problemas ambientales de su ciudad.

            De ese universo, hemos profundizado en los problemas más relevantes, ya sea por el riesgo ambiental que representan -como la actividad petrolera o el vertido de efluentes crudos al río-; o por la recurrencia de las presentaciones –como es el caso de los ruidos molestos, o de los basurales que proliferan en la ciudad-.

            Realizamos este trabajo, que insumió un esfuerzo de varios meses, para contar con una visión integral acerca de las cuestiones ambientales de nuestra ciudad. Por lo general, los temas se presentan fragmentados, cuando un grupo o una persona reaccionan ante un problema puntual, como las molestias que provocan los locales bailables o los grandes centros comerciales en su entorno.

Consideramos que para hacer un diagnóstico ambiental necesitamos jerarquizar los problemas, visualizar la interrelación entre ellos y, también, identificar las responsabilidades. En principio, el Estado –ya sea a nivel local, provincial o interjurisdiccional- es responsable de efectuar los controles necesarios para evitar el daño ambiental. También hay responsabilidades de los particulares, empresas y vecinos, en el cuidado del ambiente.

Este trabajo es un punto de partida para empezar a diseñar políticas públicas de cuidado y protección del ambiente. En ese sentido, pensamos que es una “colaboración crítica” con las autoridades. Hasta donde sabemos, no hay antecedentes de que se haya realizado un mapa ambiental de nuestra ciudad.

Principales problemas:

Desactualización del Plan Urbano Ambiental: venimos insistiendo en la necesidad de actualizar un Plan que tiene 10 años y no responde al extraordinario crecimiento que experimentó la ciudad en esta década. Esto se manifiesta en los conflictos por el uso del suelo que se verifican en diversos niveles: entre barrios consolidados y asentamientos; ante el avance de las urbanizaciones sobre las zonas rurales; en la localización de asentamientos y urbanizaciones en zonas de riesgo aluvional o en zonas inundables. Entendemos –y así lo expresamos en numerosas resoluciones- que la revisión del PUA debe ser integral; sustentable y participativa, para lograr consensos entre los diversos actores sociales.

Deficiencias en el servicio de agua y saneamiento. Las quejas por cortes y deficiencias en el suministro de agua potable abarcan toda la ciudad, a pesar de la obligación del Estado de proveer de agua potable en calidad y cantidad suficientes.

En materia de saneamiento, la insuficiente capacidad de procesamiento de los líquidos crudos revela el retraso de las inversiones con respecto al crecimiento de la ciudad. Este problema se registra en otras localidades del Alto Valle, poniendo en riesgo la salud de los ríos Limay y Neuquén.

La problemática del agua y saneamiento es un ejemplo de las responsabilidades compartidas entre jurisdicciones. Para proveer a los vecinos de agua potable en cantidad y calidad suficientes se requiere de la acción coordinada entre las autoridades municipales y las provinciales. Sin embargo, con frecuencia ha ocurrido que la superposición de jurisdicciones se traduce en la elusión de responsabilidades por parte de ambos poderes.

En tanto, la problemática de los ríos debe ser abordada con un criterio de “cuenca”, involucrando a todas las comunidades asentadas en el Alto Valle.

Impacto ambiental de actividades. El crecimiento económico trajo aparejado un aumento de la actividad comercial e industrial, que con frecuencia impacta en la calidad de vida de los vecinos. Industrias y centros comerciales instalados en barrios residenciales y obras en construcción, provocan quejas y molestias de los vecinos.

En otros casos, las actividades son de alto riesgo ambiental, como la explotación petrolera en el ejido, o las canteras en la costa del río.

Depreciación de los espacios públicos y el arbolado urbano. Son frecuentes las quejas por la falta de cuidado de los espacios verdes, en particular en las plazas del centro de la ciudad. En los barrios, predominan los reclamos por la falta de desarrollo de los espacios públicos y del arbolado.

Uno de los casos emblemáticos es el Parque Norte, cuyo estado de abandono moviliza a  grupos de vecinos desde hace varios años y, sin embargo, sigue sin formarse la unidad de gestión que, según la normativa, debe ocuparse del cuidado del primer parque que tuvo nuestra ciudad.

Ruidos molestos

Las denuncias son numerosas y abarcan, fundamentalmente, la actividad de locales bailables y de esparcimiento y las actividades de las iglesias. También hay numerosos conflictos entre vecinos por el elevado volumen de los equipos de sonido en sus domicilios.

Contaminación visual y ocupación de veredas: Se registra fundamentalmente en las zonas comerciales del bajo, donde los carteles se superponen, causando no sólo un impacto negativo desde el punto de vista estético, sino obstaculizando el tránsito de los peatones, fundamentalmente de aquellos con movilidad reducida.

Responsabilidades 

Locales; provinciales e interprovinciales (concepto de cuenca). El municipio tiene la obligación de efectuar los controles necesarios para evitar el daño al medio ambiente. En otros casos, comparte sus obligaciones con el gobierno provincial y, en otros, el problema se extiende a las localidades del Alto Valle, como el cuidado de los ríos o el tratamiento de la basura.

También hay que mencionar la responsabilidad de los particulares. En el caso de las empresas que desarrollan actividades de riesgo ambiental –petroleras, estaciones de servicios, tintorerías, etc-, sus responsabilidades están reguladas por la normativa vigente: tienen la obligación de preservar el ambiente y de mitigar el daño que causan.

En el caso de los vecinos, es importante avanzar en la toma de conciencia sobre el cuidado del ambiente. Los basurales llamados “espontáneos”, la frecuente tala o poda indiscriminada del arbolado urbano, los residuos domiciliarios que se arrojan a los ríos y arroyos, dan cuenta de que nos queda mucho camino por recorrer.

Normativa y políticas

En este aspecto podemos observar: incumplimientos de la normativa en los niveles local y provincial. En el primer caso, citamos como ejemplo la no conformación de la Unidad de Gestión del Parque Norte y, en el segundo, el vertido de líquidos crudos al río Limay por el EPAS.

Se observa también la desactualización de algunas normas –como el caso del PUA-; y vacíos legales para el tratamiento a nivel local de problemas como la explotación petrolera en el ejido urbano.

            También señalamos la carencia de políticas públicas que impliquen un abordaje integral de la problemática ambiental y sean sostenidas en el tiempo.

La Defensoría del Pueblo entiende que la política ambiental debe regirse por tres principios: ser integral, sustentable y con una participación efectiva de los vecinos.