La falta de correspondencia entre su aspecto físico y su documentación legal genera discriminación hacia estas personas, que en la práctica no pueden ejercer su derecho a la educación en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad.

            En la Resolución 330/09, emitida hoy, la Defensoría del Pueblo recordó que el año pasado, a raíz de una recomendación similar, el ministerio de Salud dispuso el reconocimiento del nombre identitario de estos colectivos en los establecimientos asistenciales de la provincia.

En esta ocasión, la recomendación está dirigida a la titular del CPE, Patricia Ruiz, a quien se solicitó que el reconocimiento del nombre identitario para travestis, transexuales y transgénero sea de aplicación obligatoria en los establecimientos dependientes del sistema provincial, públicos y privados que estén bajo supervisión de esa cartera.