En mayo de 2008 se recomendó al gobernador Jorge Sapag que arbitre una solución urgente, destacando que el mal estado de las viviendas y el grave problema ambiental, que entraña riesgos para la salud y la seguridad de las personas, es violatorio de la normativa constitucional y los Pactos Internacionales que consagran el derecho a una vivienda adecuada (Res.170/08).

También esta Defensoría pidió informes a los organismos provinciales y municipales competentes y a las empresas de servicios, para conocer el estado de tramitación de los mismos.

El área municipal de Medio Ambiente respondió a nuestros requerimientos. Informó que constató la evacuación de efluentes domiciliarios a la calle y la existencia de pozos absorbentes en la vereda. Advirtió sobre el riesgo para la salud de los habitantes del barrio y sobre la posible contaminación de la napa freática si persistía el vertido de líquidos. Este informe se puso en conocimiento de las autoridades provinciales en octubre de 2008 (Resolución 418/08), cuando la Defensoría pidió la intervención de la secretaría de Estado de Control de Gestión de la provincia.

En mayo de este año, los denunciantes regresaron a la Defensoría, ante la falta de soluciones por parte de las autoridades competentes. Hace pocos días –un año después de la recomendación de la Defensoría-, los iniciadores de la actuación informaron que habían comenzado a trabajar nuevamente en el barrio.

Sin embargo, un nuevo informe de Medio Ambiente municipal –del 14 de mayo- destaca que las condiciones de saneamiento se agravaron, por la falta de conducción de los líquidos cloacales a través de la red. Consignó además que se intimó a las autoridades del Adus, para que finalicen la ampliación de la red cloacal en un plazo perentorio.

En el transcurso de su intervención, la Defensoría tomó conocimiento de un informe de la Auditoría General de la Nación, realizado sobre los créditos otorgados a la Adus en 2006, por lo que resolvió girar las actuaciones a la Legislatura provincial y al Defensor del Pueblo de la Nación. (Resolución 328/2009)

Financiamiento del plan: La subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Nación aportó casi 5 millones de pesos (4.959.100) y la Adus (Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable de la provincia), 1,5 millones. Se invertirían $ 49.100 por vivienda.

Modalidad de la operatoria: La  modalidad dispuesta por la Adus implica la conformación de un consorcio cuya conducción está  facultada, entre otros aspectos, para administrar los créditos otorgados a los vecinos; y aprobar y pagar las certificaciones de obra usando esos créditos de los consorcistas. Además, el consorcio elige un representante, que aprueba las certificaciones y los pagos a la empresa. El convenio expira con el certificado final de obra y si hay problemas, los vecinos deben entenderse con la empresa, que en este caso es Montajes y Construcciones Civiles SA –MICC-. 

En la resolución de mayo, además de apuntar los problemas edilicios y de infraestructura, la Defensoría ya había recomendado al gobernador revisar estos procedimientos de ejecución de las viviendas y realizar un efectivo control de los fondos utilizados.

Auditoría General de la Nación (AGN)

Ahora se tomó conocimiento de un dictamen de la AGN (Resolución 28 del 11/3/09, disponible en la página web del organismo), con significativas observaciones al procedimiento que aplica la Adus en esta operatoria.

Entre otros aspectos, el organismo nacional destacó: retrasos en la ejecución, ya que las obras se iniciaron un año y medio después de la firma de los convenios. Al momento de la auditoría, el avance físico de las obras era del 49% y el financiero del 52% (siete puntos de diferencia).

Denunció defectos constructivos en las obras y objetó la distribución de las viviendas, por no ser proporcional a la demanda de los diversos departamentos de la provincia.

Cuestionó también el procedimiento instrumentado por la Adus, que autolimita su intervención como cofinanciador (otorgaron créditos individuales mancomunados) y, por tanto, la ejecución de las obras queda fuera del alcance de la normativa provincial. Esto –opina la AGN- “afectó significativamente… el control en la aplicación de los recursos públicos” utilizados.

El organismo nacional se expidió luego de auditar 10 obras seleccionadas sobre un total de 25, entre las que se encuentra el plan del sector 26 de agosto.