Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén
Áreas Sociales » Niñez y adolescencia    Fecha de publicación: 15/05/2006
EPET 17: Denuncian graves problemas de seguridad
La comunidad educativa de la EPET 17 y la Defensoría del Pueblo denunciaron hoy las graves condiciones de habitabilidad y seguridad de las instalaciones donde funciona provisoriamente ese establecimiento, que los padres definen como “una verdadera jaula” que podría provocar “un nuevo Cromagnon”.

Uno de los problemas más graves es que las rejas de las ventanas –que se abren como las de colectivo-, están amuradas a la pared externa y las cerraduras de las puertas se traban con frecuencia. La semana pasada, los alumnos y docentes quedaron encerrados y tuvieron que pedir auxilio para que sacaran las rejas y salir por la ventana.

         Uno solo de los tres circuitos eléctricos inspeccionados dispone de disyuntor, lo que torna a la red sumamente insegura ante eventuales contactos. Además, las líneas están sobrecargadas –se usa calefacción eléctrica- con el consiguiente peligro de incendio en un edificio de materiales altamente inflamables.

         En cuanto a los problemas ambientales, el principal es el ruidoso funcionamiento del generador de electricidad, que prácticamente impide el dictado de clases en las aulas aledañas.

         La altura de la construcción está por debajo de lo que fijan las normas, tiene 2,10 metros cuando se pide un mínimo de 2,40. Esto provoca falta de oxigenación en el ambiente, produciendo somnolencia y falta de concentración en los alumnos.

         El organismo que conduce Juan Dutto pidió la urgente intervención de las áreas municipales de Obras Particulares y Medio Ambiente. En el primer caso, porque la construcción no cuenta con permiso ni certificación de obra, y tampoco responde al código de edificación. En el segundo, se pide que realicen las mediciones de ruidos.

También se pide un dictamen de Bomberos para que evalúen las condiciones de prevención de incendios y las posibles medidas correctivas.

         Dado que la intervención municipal es en carácter de autoridad de contralor, la Resolución se gira también al ministro de Educación de la provincia, Mario Ever Morán.

Se requiere también de la intervención de la defensora del Niño y el Adolescente, Nara Oses, ante el riesgo que representan las instalaciones para la vida y seguridad de los estudiantes.

 


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