El reconocimiento del agua como derecho humano por parte de las Naciones Unidas –Observación 15, que reglamentó los artículos 11 y 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en noviembre del 2002– pone en una dimensión nueva los reclamos de los grupos sociales que carecen de agua potable y saneamiento.

El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Supone la obligación legal de universalizar la provisión de agua potable y la existencia de responsables del cumplimiento de esa obligación. También abre la posibilidad de exigirla a través de acciones judiciales y legitima las luchas de los movimientos sociales por el acceso a este bien.

Desde esta perspectiva, es el Estado el que debe garantizar el acceso al agua en cantidad suficiente, segura, físicamente accesible y a precios razonables. Se entiende por "suficiente" la disponibilidad para satisfacer necesidades básicas de uso doméstico, no el consumo ilimitado de un bien que es patrimonio de todos.

La definición de patrimonio o bien común no es antojadiza. Se contrapone con una concepción puramente mercantilista que considera el agua como apropiable y consumible y, por ende, la subordina a la lógica de la mercantilización. Por eso se logró –no sin debate– que las Naciones Unidas la reconociera como un derecho universal e imprescriptible, descartando la palabra "necesidad" que se pretendía imponer, un concepto que conduce a "satisfacer y solventar" un determinado requerimiento.

Esto no implica –sostienen los especialistas– que el abastecimiento sea gratuito. La obligación del Estado es incluir en el suministro a quienes no estén en condiciones de pagarlo. En tanto, para aquellos que sí pueden hacerlo se entiende que deberá establecerse un sistema tarifario que proteja a los más desfavorecidos económicamente.

Crisis y degradación de la fuente de vida

Cabe preguntarse por qué este elemento, que parecía infinito, se ubica en el centro de la atención mundial y por qué la comunidad internacional intenta proteger el derecho a un mínimo indispensable para todos los habitantes del planeta.

Hoy sabemos que la disponibilidad de agua es crítica por el aumento de la población mundial y por los requerimientos de las actividades humanas, fundamentalmente de la producción agrícola y la industria, que en conjunto superan ampliamente el consumo de agua para alimentación.

Se verifica además una creciente degradación de la calidad del agua, debido a la contaminación producida por esas actividades. La contaminación originada por la dilución de sustancias químicas es grave. El uso excesivo de agroquímicos es otro serio desafío para la conservación de la calidad del agua. Se suma a estos flagelos el calentamiento terrestre, que afecta el rendimiento de los cultivos y el ganado.

En este escenario, el agua se está convirtiendo en un desafío estratégico crucial. Se estima que durante el próximo medio siglo la cantidad media de agua utilizable por persona se reducirá a la mitad.

El Estado frente a la mercantilización del agua

Hasta fines de la década del 80 no se consideró el agua como una mercancía. Esta concepción tomó fuerza en la década del 90, cuando los organismos multilaterales condicionaron los créditos para el sector agua y saneamiento a la privatización del suministro. Al mismo tiempo, en los foros internacionales postularon la idea de que la única solución para afrontar la crisis mundial del agua pasaba por la comercialización y la privatización.

La crisis hace prever una intensificación de los conflictos. No son pocos los especialistas que sostienen que en un futuro cercano –al promediar el siglo XXI– el acceso al agua se definirá por factores económicos y alertan sobre el riesgo de apropiación del recurso por parte de los países centrales y de las grandes empresas multinacionales.

Como reacción a estas tendencias, en los primeros años de este siglo nuevamente tomó fuerza el concepto del agua como derecho humano. En el reconocimiento de este derecho tienen gravitación las luchas y los foros impulsados por los movimientos sociales, ya sean de carácter local o de alcance nacional o mundial, que despertaron una creciente conciencia sobre la imprescindible defensa y protección de este bien. Hoy se acepta que la propiedad y la gestión de la producción, la distribución y el saneamiento deben mantenerse en la órbita del sector público.

Si bien el reconocimiento del derecho universal al agua es un avance, para hacerlo efectivo queda mucho camino por recorrer. En nuestro trabajo cotidiano, los defensores del Pueblo intervenimos en problemas relacionados con el agua, ya sea por la falta de agua potable, por su contaminación y mala calidad, por la privatización de los accesos a las costas o por los efectos del mal manejo de las cuencas hidrográficas.

Esta interacción permanente con los ciudadanos nos permite observar que buena parte de las decisiones administrativas –nacionales, provinciales o municipales– es resultado de la presión de la población.

Consideramos que la gestión del agua, definida por los estudiosos como el "torrente sanguíneo" de los sistemas naturales y humanos, no puede quedar librada a las leyes del mercado. Pero tampoco puede a las soluciones improvisadas del Estado, generalmente adoptadas en un contexto de tensiones y presiones sociales.

Entendemos que la única forma de concretar una gestión adecuada es mediante un abordaje integral y participativo que contemple los reclamos y las expectativas de los ciudadanos. El punto de partida es, indudablemente, la decisión política de transformar una realidad que compromete nuestro presente y ensombrece la calidad de vida de las futuras generaciones.

(*) Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén

juan josé dutto (*)

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