En abril pasado, se comenzaron a recibir consultas sobre la modalidad conocida como “jubilación anticipada”, un beneficio para las mujeres de 60 años y hombres de 65 que no cumplen con la totalidad de los aportes. La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) estableció un sistema de registro para incorporarse a esta moratoria –Sicam-, al que se accede mediante turnos brindados a través de un 0800. A poco de difundirse el número, el centro de llamadas fue superado y, en el mejor de los casos, tras horas y días de intentar una comunicación los abuelos obtienen como respuesta que “todas las líneas están ocupadas”. Los que logran ser atendidos, consiguen turnos para varios meses después.

         Anses publicitó además una inscripción por Internet a la cual, como es evidente, sólo pueden acceder escasos interesados, ya que la inmensa mayoría carece de computadora o no sabe operarla. Estas dificultades aumentaron la oferta de gestorías, que cobran considerables sumas para realizar el trámite, según expresan los ancianos que recurren a la Defensoría.

         Ante este panorama, las Defensorías del Pueblo del país nucleadas en ADPRA (Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina) requirieron a la Anses que instrumente un sistema de atención personalizada, que permita a los ancianos realizar el trámite sin intermediarios.

         En estos meses, la Defensoría neuquina tramitó más de 200 casos, lo que se tradujo en una recarga del servicio que presta a la comunidad en los temas que son de su competencia. En este contexto, resolvió suspender la iniciación de nuevos trámites, al tiempo que manifestó a las autoridades de la Anses, su disposición para colaborar con la Anses en la habilitación de un sistema que evite el maltrato de las personas que buscan acogerse a la moratoria.