La Defensoría del Pueblo recomendó al intendente que revoque la autorización otorgada para colocar videocámaras en tres edificios municipales y ordene el retiro de la totalidad de los dispositivos instalados en esta capital. El registro sistemático de imágenes de los ciudadanos que circulan por espacios públicos de la ciudad viola los derechos a la libertad, a la intimidad y a la privacidad, sostiene el escrito remitido hoy a Horacio Quiroga.

         La Recomendación Nº 357/06 reitera los fundamentos sustentados en septiembre de 2005, cuando el organismo pidió a Quiroga que rechace la solicitud del gobierno provincial para colocar los dispositivos de control ciudadano. Al igual que ahora, en esa oportunidad se instó al intendente a no resignar sus facultades como jefe de gobierno de un municipio autónomo, puesto que están en juego derechos resguardados por la constituciones Nacional y Provincial, la Carta Orgánica, leyes y tratados internacionales. 

         La institución advierte que las cámaras registran “datos sensibles” de los ciudadanos, que son aquellos que revelan “origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o la vida sexual”. Este registro está prohibido por la ley de “habeas data” (N° 25386), a la que adhirió la provincia a través de la ley 2399.

         La Defensoría coincide con la necesidad de garantizar la seguridad de las personas, pero entiende que “la prevención del delito requiere de políticas claras y permanentes”, en lugar de recurrir a sistemas violatorios de derechos fundamentales de los ciudadanos.

La posición de la Defensoría del Pueblo sobre el tema fue puesta en conocimiento del Concejo Deliberante de la ciudad y del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.