A través de un extenso escrito, la institución conducida por Juan Dutto destaca la responsabilidad indelegable del Estado en materia educativa, subrayando que tal responsabilidad “se hace efectiva a través del recurso humano, los docentes, quienes en definitiva cumplen en el aula con los lineamientos establecidos por la autoridad educativa”. 

            Destaca en ese sentido conceptos del constitucionalista Germán Bidart Campos, quien interpreta que la responsabilidad del Estado en materia educativa se traduce en “suministrar recursos humanos y materiales a disposición de las personas para que su acceso a la educación sea viable y se haga efectivo”.

         La intervención de la Defensoría responde a dos presentaciones relacionadas con el conflicto, una de un grupo de padres de la Escuela 196 del barrio Melipal, pidiendo que se efectivice el derecho a la educación de sus hijos, y la segunda del director de la Escuela 4 del barrio Copol, quien denunció la irrupción de un grupo de funcionarios y padres en ese establecimiento.

         El escrito reconstruye los principales hechos del conflicto iniciado el pasado 5 de marzo, que tuvieron como punto culminante el asesinato del docente Carlos Fuentealba.

         Con respecto a la situación actual, se señala que pese al acuerdo suscrito el 26 de abril entre el gobierno y el gremio docente –ATEN-, prosiguen las disputas, que indican que el conflicto continúa latente.

         Entre las secuelas del conflicto, se destaca la decisión de las autoridades educativas de abrir las escuelas apelando a personal de conducción “normalizador” y a docentes suplentes (Decreto 448/07). Esta decisión enfrentó a los diversos actores de la comunidad educativa, como quedó graficado en una nota de un grupo de padres de la Escuela Nº 4, que calificó a esta acción como “un atropello a las instituciones y las personas”. La Defensoría se pregunta “¿qué puede provocar en el niño la irrupción de personas extrañas en un ámbito donde se brinda educación?”, más aún tratándose de funcionarios “designados como interventores que no tienen práctica docente” y “sin conocimientos específicos”.  Subraya entonces que lo deseable es que el Estada cree un ámbito para resolver las diferencias y conflictos “potenciando los canales de diálogo y eliminando toda posibilidad de violencia”.

         Si bien no justifica que en el legítimo ejercicio del derecho de huelga, los docentes usaran mecanismos que afectaron otros derechos de la sociedad (cortes de puentes), y exteriorizaran la protesta con pintadas y pegatinas que afectaron monumentos históricos, la Defensoría subraya que “debemos realizar un esfuerzo en busca de una solución” y en ese sentido “le cabe la responsabilidad al Estado como garante de la paz social”.