El documento suscrito por los titulares de ambas instituciones –Nara Osés y Juan José Dutto- tiene fundamento en una ronda de consultas a  los directores de los hospitales Castro Rendón, Heller y Bouquet Roldán, y a las conducciones intermedias de los servicios asistenciales. Los informes revelan que el deterioro las prestaciones sanitarias a los adultos y los niños es de tal magnitud que compromete el derecho a la vida.    Estos testimonios demuestran que la crisis se extiende a la disponibilidad de recursos humanos, al equipamiento y a los insumos hospitalarios.

Por ejemplo, el informe del Departamento Quirúrgico del Hospital Castro Rendón advierte que “en caso de un accidente múltiple no contamos con anestesiólogos de guardia pasiva, lo que puede poner en riesgo a la población”.

            El director del Hospital Castro Rendón señala que “a pesar de la derivación de pacientes al sector privado, la lista de espera para cirugías aumenta cada día. El sector privado presenta dificultades para absorber los pacientes del sector público”.

El número de personas que requiere cirugía asciende a 409, entre ellas se incluyen 46 pacientes que aguardan intervenciones impostergables, como tumor renal, vesical, melanoma, y otras patologías graves.

            En lo referente a los niños, el servicio de Neonatología del mismo nosocomio informa que “no hay respirador de transporte, generando el traslado del niño el riesgo de provocar ceguera (rinopatía de la prematurez) por exceso de oxígeno”. En el hospital Heller, el número de camas disponibles en neonatología se redujo de 12 a 8 por falta de personal de enfermería.

En tanto, en la terapia intensiva pediátrica del Castro Rendón renunciaron dos médicos, que no fueron reemplazados, por lo que se debió reducir la cantidad de camas disponibles.

            Los mencionados son algunos de los problemas recabados en el relevamiento que las dos Defensorías abordaron conjuntamente en agosto de este año, ante los reclamos recibidos por parte de la comunidad.

            El documento “tiene como objetivo alertar a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia que la grave situación de crisis del sistema de salud se magnifica día a día, requiriendo urgente resolución”.

            A lo largo de 12 páginas, el escrito destaca que las autoridades provinciales “tienen la obligación” de adoptar “medidas concretas” para proteger el derecho a la salud, en consonancia con lo establecido por los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a nuestro derecho interno.