Entre la veintena de reclamos recibidos en los primeros meses de 2008, algunos dan cuenta de personas inscriptas en el Instituto Provincial de la Vivienda desde hace 24 años (1984), otras en la década del ‘90 y otras en los primeros años de este siglo. A pesar de atravesar situaciones familiares difíciles, ninguna de ellas pudo acceder a una vivienda o a un loteo social.

            Las presentaciones dan cuenta de condiciones de hacinamiento –familias que viven en el garage de la casa de sus padres-; familias numerosas que conviven en una habitación alquilada; jefas de hogar; padres con hijos discapacitados; familias de ingresos medios que no pueden pagar el alquiler.

Los problemas habitacionales castigan a las familias más pobres y también a las de ingresos medios, que no pueden solventar el valor de los alquileres ni el de los terrenos, cuyos precios se dispararon como consecuencia del aumento de la demanda. 

            Así, un grupo de inscriptos en los Planes Federales I y II de Colonia Valentina, quienes aportaron hasta 15.000 pesos para la compra de los lotes, pidieron la intervención de esta Defensoría porque los plazos de construcción se encuentran ampliamente vencidos.

El organismo conducido por Juan José Dutto apuntó, como una de las principales causas de la crisis habitacional, la ausencia del Estado en la formulación de políticas de vivienda durante las últimas décadas. La profundización de la crisis social y económica que detonó en 2001 es otro de los factores que determinó un aumento de los problemas habitacionales, en particular para las familias más pobres.

En cuanto a las franjas de ingresos medios, el acceso al techo propio se dificulta por el efecto combinado del aumento de la demanda –el crecimiento poblacional responde a una población joven-, y a los altos ingresos de algunos sectores de la economía regional –como el petrolero- que empujan los precios hacia arriba. 

Esta Defensoría señaló también que quienes se inscriben en los registros provinciales y municipales quedan en un plano de desigualdad frente los que toman terrenos, porque ante estas prácticas las administraciones provincial y municipal terminan regularizando las tomas.

La Recomendación –número 106 de 2008- dirigida al gobernador Jorge Sapag y al intendente Martín Farizano, subraya la responsabilidad del Estado provincial y del municipal en garantizar el acceso a una vivienda adecuada, en cumplimiento de la Carta Orgánica, las Constituciones Nacional y Provincial y los pactos internacionales suscriptos por nuestro país.